El nuevo presidente interino de Brasil, Michel Temer (imagen: Michel Temer/ Flickr)

Aprovechando la actual turbulencia política en Brasil, una vez apartada del poder la presidenta Dilma Rousseff, silenciosamente, los políticos reaccionarios están haciendo retroceder las leyes a favor del medio ambiente y de protección indígena, desafiando  los compromisos que ha asumido el país en el marco del Acuerdo de París.

Los ecologistas afirman que si el proyecto de ley conocido como Proyecto de Emenda Constitucional (PEC) 65/2012, ahora en la fase de comisión del Senado, se aprueba, significará que los grandes proyectos de infraestructura podrán seguir adelante independientemente de los impactos sobre la biodiversidad, las áreas indígenas, las comunidades tradicionales y las zonas de conservación .

En lugar de aplicar criterios de protección y seguir el lento proceso de licenciamiento actual, que comporta evaluaciones científicas – que incluyen aspectos biológicos, botánicos, estudios antropológicos y arqueológicos -, los desarrolladores simplemente tendrán que presentar una propuesta de estudio sobre el impacto ambiental para que se les permita proceder, sin tener que llevar a cabo ningún estudio. Y una vez que el proyecto haya comenzado, no podrá ser cancelado o suspendido por las agencias de protección ambiental.

Organizaciones medioambientales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han protestado enérgicamente ante las implicaciones de este proyecto de ley. Para Marilene Ramos, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA), significa que Brasil está yendo en dirección contraria a la de los países desarrollados y ya no va a ser capaz de controlar los proyectos de infraestructura.

El líder indígena Nara Baré, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) ha dicho: “Brasil presentó unos objetivos en París, pero no lleva a cabo su tarea de protección de los bosques y de quienes vivimos en ellos.”

Carlos Bocuhy, presidente de PROAM, una ONG medioambiental, afirma que este proyecto de ley será el fin de la licencia ambiental: “Es completamente absurdo; es como si el acto de solicitar un permiso de conducir te diera el derecho a manejar un camión”.

El Observatorio del Clima ve el proyecto como “una broma de mal gusto”, más aún en un país que acaba de sufrir el peor desastre ambiental de su historia, a partir de la rotura de una presa de lodo tóxico en el estado de Minas Gerais, el 5 de noviembre del año pasado. Esta calamidad destruyó toda la vida animal y vegetal y un gran río cercano y podría tratarse del  peor desastre mundial después de Chernobyl.

El director de Greenpeace, Marcio Astrini, dijo del proyecto que “si se convierte en ley, actuará como una fábrica de tragedias”.

Interés personal

Su autor, el senador Acir Gurgacz, tiene interés personal en el proyecto de ley: su familia es propietaria de una empresa de transportes que se beneficiaría enormemente de la pavimentación de 900 kilómetros de la carretera BR319, que une las dos capitales del Amazonas: Manaus y Porto Velho. En la actualidad, el proyecto no puede seguir adelante porque el IBAMA ha parado las obras, aduciendo daños ambientales. La carretera pasa por áreas de conservación, tierras indígenas y grandes zonas  de bosques vírgenes.

El relator de este proyecto es el senador Blairo Maggi, un magnate de la soja, que ha limpiado miles de hectáreas de selva tropical en su estado de Mato Grosso, y es Ministro de Agricultura del nuevo gobierno.

Los ecologistas ya han expresado su profunda preocupación ante el Gobierno que ha diseñado el presidente interino Michel Temer. Señalan que su documento político, “Un puente hacia el futuro”, en el que se exponen sus planes de gobierno, no hace mención alguna al medio ambiente, ni al cambio climático o a la selva tropical del Amazonas.

En cambio, los grandes agricultores y el lobby ganadero Frente Parlamentario de Agricultura, declararon que el presidente viene con  una “agenda positiva” – una lista de demandas que incluye la abolición del Ministerio de Reforma Agraria, la detención y revisión de las demarcaciones de las reservas indígenas y quilombos (territorios habitados por los descendientes de esclavos fugitivos), y más fondos para la agroindustria, que ya goza de importantes subvenciones.

Además del proyecto de ley para poner fin a la licencia ambiental, otros proyectos de ley perjudiciales para el medio ambiente están a punto de ser realidad.

Ignorando los deseos locales

Uno de estos proyectos de ley, conocido como PEC 215, ha estado dando vueltas en el Congreso durante más de 15 años, pero ante la llegada del nuevo gobierno pro-agricultor se espera que se convierta pronto en ley. Si es así, significará que el poder para decidir sobre nuevas demarcaciones de áreas indígenas – cerca de 400 están en estudio- pasará del ejecutivo al  Congreso.

Con ambas cámaras dominadas por miembros del lobby rural, esto equivale a poner fin a las demarcaciones. También se verán afectadas otras 1.611 zonas de quilombos. La importancia de los territorios indígenas y de los quilombos es que estos tienden a conservar las áreas boscosas, en lugar de talarlas para permitir la agricultura mecanizada o el pastoreo de ganado.

Por ley, las áreas contenidas dentro de cada propiedad rural (que, especialmente en la Amazonía, son a menudo vastas) deben conservar su carácter salvaje. Pero otra medida que está sobre la mesa (proyecto de ley 4508/16) permitirá que sean utilizadas para el pastoreo de ganado.

Otras leyes permitirán que la minería y las represas hidroeléctricas se instalen en  las zonas indígenas, sin necesidad de permiso por parte de sus habitantes. La reducción de los controles sobre pesticidas – Brasil es el mayor consumidor del mundo – es otro de los objetivos del nuevo ejecutivo.

El gobierno de Dilma Rousseff no ha sido, de ninguna manera, un modelo de protección para el medio ambiente ni las áreas indígenas, pero todo parece indicar que el gobierno de Michel Temer puede ser mucho peor.

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Este articulo fue publicado originalmente por Climate News Network: http://climatenewsnetwork.net/18257-2/